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Competencias regionales


El art. 117 de la Constitución, atribuye en el apartado 2, la competencia exclusiva al Estado en materia de inmigración. Por tanto, al Estado le corresponde definir la condición jurídica de los ciudadanos de los Estados que no pertenecen a la Unión Europea, en particular los aspectos inherentes a las políticas de programación de los flujos de entrada y de residencia en el territorio nacional (sent. C. Constitucional italiana n.º 134 de 2010) y la regularización de los extranjeros irregulares (sent. C. Constitucional n.º 201 de 2005).

Sin embargo, a las regiones también se les reconoce una función en relación con las competencias estatales y la posibilidad de intervenciones legislativas en materia de inmigración sobre ámbitos de su competencia: asistencia social, instrucción, salud, vivienda.

A la región se le exige también, con arreglo al artículo 3, apartado 5, del Texto Refundido sobre la inmigración (D. Legislativo 286 del 25 de julio de 1998), la adopción de disposiciones dirigidas a la obtención del objetivo de eliminar los obstáculos que impiden, de hecho, el pleno reconocimiento de los derechos y de los intereses reconocidos a los extranjeros en el territorio del Estado, con atención particular a las inherentes al alojamiento, el idioma, la integración social, en el respeto de los derechos fundamentales del ser humano.

A las regiones les corresponde asimismo la disciplina de los derechos de participación en la vida local (sents. C. Constitucional n.º 372 y 379 de 2004) y de las Consulte per l'integrazione sociale dei cittadini stranier (sent. C. Constitucional n.º 300 de 2005).